Francisco Hernandez Marcos

Mi respuesta es “sí, con matices”. Tras un breve rebote de emails con mi primos Juan y Emi, escribo este post con mis reflexiones:

• No veo nada malo en que las empresas hagan labor social y luego digan “esto lo he hecho yo”. Los consumidores pueden así valorarlo como un factor más a la hora de comprar esos productos. No hay que ser pudorosos a la hora de “vendernos”, especialmente si es en el campo social.
• Sin embargo hay cosas que se podrían mejorar sustancialmente:
• Debería establecerse por el gobierno una “memoria social” ultra-estandarizada para que haya transparencia. Al igual que las empresas comerciales se someten a procedimientos de información a sus accionistas que están muy regulados y controlados, debería suceder lo mismo con las ONGs y con las empresas que hacen cierta labor social. De hecho lo mejor sería que lo tuvieran que hacer todas las empresas. La “memoria social” debería ser auditada por firmas de auditoría (PWC, Deloitte, etc) y el trucar los datos debería estar severamente penalizado al igual que lo está el hacerlo con las memorias económicas. La memoria social debería especificar dos tipos de impacto social:
• Responsabilidad social externa: A quién se dona dinero y con qué fines, cuánto dinero, con quién se colabora, cuál es el impacto observado, etc. etc.
• Responsabilidad social interna: Cuál es el perfil racial, social, de género y de religión de los empleados de la empresa en cada nivel, cuál es la duración media de los contratos laborales, los salarios medios de cada nivel, quiénes son los proveedores, etc etc.
• Tras unos años de funcionamiento de la memoria social, se podría dar un paso más: se podría hacer que un % amplio (y creciente) de la declaración de la renta sea de libre elección para el “pagador de impuestos”. Así por ejemplo cada proyecto social bien auditado puede tener un código identificativo y a la hora de declarar podríamos asignar cantidades. Sería como lo de la cruz “Iglesia”/”otros fines sociales”, pero “a lo bestia”. En mi opinión sólo se podría hacer esto si existe realmente una memoria social que funcione durante años, porque sino es como jugar a la lotería con las ONGs (hay mucha informalidad en el mundo de las ONGs y hace falta separar “informativamente” el trigo de la paja). Si el ciudadano no tiene información fiable sobre la labor de cada ONG no puede tomar decisiones con garantías de que sean las correctas.
• Cajas de Ahorro. La posición de las Cajas de Ahorros es injusta. Según tengo entendido, las Cajas no pagan impuestos pero a cambio tienen que dedicar 1/3 de sus beneficios a labores sociales. Siento mucho tener que criticar a las cajas de ahorro (especialmente porque gracias a una de ellas pude financiar mi primer curso en Londres) sin embargo mi conciencia me dice que hay dos problemas muy grandes relativos a la ley actual de cajas:
• Las cajas usan la obra social para posicionarse como entidades socialmente responsables. No tendría nada en contra si no fuera porque en realidad el dinero que gastan las cajas es el dinero que deberían haber pagado al estado en concepto de impuestos. Cada vez que una caja anuncia su obra social, está logrando publicidad gratuita porque lo que realmente gasta (aproximadamente) es lo que debería haber pagado como todo hijo de vecino. Además, tienen la capacidad de elegir a qué obras sociales van esos fondos, cuando en realidad esa capacidad debería estar otorgada al estado (central, autonómico o local).
• Corrupción. Siento decirlo tan alto y claro: la obra social es una magnífica oportunidad para hacer desviaciones turbias de dinero. Hay mil maneras de hacerlo y no hay que ser muy listo para beneficiar a amigos y conocidos varios. Yo he escuchado varios casos y algún día se destapará un caso importante.